Martes 3 de Enero 2012
Es complejo entender legalmente el caso Naranpol cuando el derecho a huelga de un grupo minoritario confronta contra el derecho a trabajar de casi 700 personas. Es complejo también entender que el derecho a huelga en sus puestos laborales se contraponga con el derecho a la propiedad privada y su defensa contra la usurpación ilegal. O peor aún cuando el derecho a la libre circulación de personas y vehículos es aprovechada para hábilmente para el un posible robo de mercadería y bienes por parte de los "amigos de lo ajeno" disfrazados de sindicalistas. Complejo porque el derecho a una remuneración justa colisiona abruptamente con el bonos de fin de año de $12.000 del 2011 impulsados por las multinacionales para dejar fuera del mercado a las empresas nacionales o sumergirlas en la ilegalidad.
Es complejo entender legalmente el caso Naranpol cuando el derecho a huelga de un grupo minoritario confronta contra el derecho a trabajar de casi 700 personas. Es complejo también entender que el derecho a huelga en sus puestos laborales se contraponga con el derecho a la propiedad privada y su defensa contra la usurpación ilegal. O peor aún cuando el derecho a la libre circulación de personas y vehículos es aprovechada para hábilmente para el un posible robo de mercadería y bienes por parte de los "amigos de lo ajeno" disfrazados de sindicalistas. Complejo porque el derecho a una remuneración justa colisiona abruptamente con el bonos de fin de año de $12.000 del 2011 impulsados por las multinacionales para dejar fuera del mercado a las empresas nacionales o sumergirlas en la ilegalidad.
Es ahí donde el Estado a través de sus diferentes organismos debe actuar y delimitar espacios teniendo en cuenta el espíritu con que dicha ley ha sido proclamada; pero es ahí mismo donde la falta de definiciones, acciones y omisiones permiten llegar a un punto tal que un juez sea amenazado en su propio despacho y que hasta el día de hoy esa denuncia penal no haya avanzado. Es lamentable ver como jueces, como la jueza correccional de la 2° nominación Balangione se cubren en la ambigüedad de sus fallos para no poner el peligro su nombre o su puesto, o cómo funcionarios públicos desoyen una orden judicial de desalojo fundada en el derecho. La comunidad no necesita funcionarios preocupados sino ocupados por el caso Naranpol.
Mientras el tiempo pasa, los que no tienen voz ni voto siguen esperanzados en poder recuperar la dignidad de ganarse su sustento trabajando dignamente.
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