Días atrás el Juez Ríos sacó un resolución sobre el conflicto por el que atraviesa Productora Alimentaria S.A. que marcará un antes y después. Dentro de otros puntos pide las fuerzas policiales a la provincia de Santa Fe para el desalojo de los establecimientos usurpados. Textualmente expresa:
"En virtud de ello y en atención a lo dispuesto por el inciso 17 del artículo 72 de la Constitución provincial ("El gobernador de la Provincia:... Dispone de las fuerzas policiales y presta auxilio a la Legislatura, a los tribunales de justicia y a los funcionarios provinciales, municipales o comunales autorizados por la ley para hacer uso de ella;..¨), se hace menester oficiar al Ministerio de Seguridad de la Provincia para que ponga inmediatamente a disposición de este tribunal las fuerzas policiales necesarias para dar cumplimiento a la orden impartida en esta causa, bajo los apercibimientos que prevén la ley y la Constitución de la Provincia o manifieste la imposibilidad de hacerlo, en cuyo caso se arbitrarán los remedios constitucionales correspondientes."
Luego de 11 días el ministerio de seguridad no ha llevado adelante dicha orden por lo que vale preguntar ¿cuáles son los remedios constitucionales correspondientes? abogados y especialistas en derecho nos manifestaron una detallada explicación que se resume en llamar a las fuerzas policiales nacionales, como la gendarmería y prefectura, previa intervención política de la provincia por parte de la Nación ante la falta de garantías mínimas para mantener la división de poderes propios de una República. ¿Qué función tendría el poder judicial si el poder ejecutivo no lleva adelante sus órdenes?
Esta intervención significa que el poder ejecutivo sale funciones por tiempo indefinido y es el Gobierno Nacional quien tiene que encargarse nombrando un interventor provincial con todas las funciones derivadas dentro de las que se encuetran auxiliar con las fuerzas policiales al poder judicial.
Estamos frente a una gravedad institucional sin precedentes en la provincia de Santa Fe. Como antecedente más inmediato surge que en el gobierno de Néstor Kirchner se realizó una intervención federal a la Provincia de Santiago del Estero ante graves denuncias de corrupción y persecución política por parte del gobierno provincial encabezado por la gobernadora Nina Juárez y su marido, el veterano político local Carlos Juárez.
¿Se llegará a ese punto de inflexión o el Gobernador pondrá a disposición del poder judicial las fuerzas policiales en el caso Naranpol?
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Saben la cantidad de casos de estos que hay? y nadie dice nada? acá sale a la luz por lo conocido de la emrpesa. que pasa con el Gobernador?
ResponderEliminarMe parece que la policía está esperando de "Don Ramón" pague la renta para ir!!! jajaa...Ojalá esto se hubiera solucionado al principio, ahora parece haber muchos intereses metidos. Ahhh, y el intendente?
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